Protestas y desafíos democráticos en América Latina
Eriberto Gomez// América Latina se ha convertido en un escenario de fuertes movilizaciones como Chile, Bolivia, Colombia y Ecuador, Perú entre otros. Estas movilizaciones y puntos de conflicto de notable intensidad representan problemáticas particulares a nivel nacional e internacional, los cuales se han sumado los efectos que provienen del orden mundial tales como la guerra comercial y los efectos sanitarios y económicos de la pandemia entre otras problemáticas agrabados por la gran crisis economica producto de la guerra entre Rusia y Ucrania.
En el informe lanzado por Latinobarómetro el año pasado se destaca sobre la premisa “la democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno”, que la misma consolida una baja desde 2013 con los gobiernos de Macri y Bolsonaro. En la actualidad el apoyo a la democracia en la región ha caído, pero el saldo positivo es que el aval al autoritarismo registra apoyos mínimos.
Además, según el informe referido, a medida que aumenta la edad, aumenta también el apoyo a la democracia. Asimismo, contrariamente, la indiferencia al tipo de gobierno aumenta a medida que disminuye la edad, al igual que con aquellos ciudadanos que prefieren un gobierno autoritario. Estas diferencias también se pueden destacar en torno a la clase social autodefinida, donde el apoyo a la democracia se torna menos sólido a medida que la clase social se define como alta. Según las preguntas que se mencionan realizadas en el informe los menores apoyos a la democracia y la mayor indiferencia al tipo de régimen y el mayor apoyo al autoritarismo se encuentran en aquellos ciudadanos que se perciben como parte de la clase alta.
Es evidente que los fenómenos globales incidirán crecientemente en los procesos políticos nacionales. La explosión exponencial de las tecnologías de comunicación moderna, la educación y la urbanización potencian sustantivamente la capacidad de acción de los ciudadanos. Surgen nuevas expectativas, movimientos, organizaciones de la sociedad civil, empresas, personas que adquieren suficiente poder para influir en los procesos de decisión. El poder se dispersa, nadie tiene hegemonía para imponerse solo.
El reciente estudio realizado por el National Intelligence Council de Estados Unidos llamado Paradox of Progress , una prospectiva al 2035, advirtió que la ingobernabilidad global es la mayor amenaza. En todos sus escenarios describe un mundo más volátil, con cambios sistémicos cuyas consecuencias superarán la capacidad de los Estados y de los organismos internacionales. Vaticina la influencia de múltiples actores y una dispersión de poder que generará más riesgos. Adelanta tres grandes interrogantes. Primero, cómo se negociarán las expectativas en sociedades con ciudadanos empoderados y economías rápidamente cambiantes. Segundo, cómo negociar una arquitectura de colaboración y competencia entre los grandes poderes estatales, grupos organizados e individuos con capacidad de influir. Tercero, como anticipar los impactos del cambio climático y las tecnologías disruptivas para actuar a tiempo. En sus tres escenarios (Islas, Orbits y Communities) el NIC destaca los riesgos de ingobernabilidad debido a la limitada capacidad operativa de los Estados, ante una sociedad crecientemente compleja. Estas constataciones nos advierten sobre la necesidad de elevar la capacidad prospectiva global latinoamericana, para mejorar la elaboración de estrategias y de políticas nacionales.
Reformas del Estado y las Instituciones
Junto a la participación ciudadana, será prioritaria la reforma del aparato estatal, que posee bajos niveles de eficiencia. Tres dimensiones requieren cambios. El primero es preservar el orden público, acosado en varios países por la violencia, el crimen organizado, la corrupción y la incapacidad de las policías y los sistemas judiciales. Es la tarea primordial del estado, pues se arriesga seriamente la gobernabilidad. Un segundo aspecto crucial es garantizar la independencia de los poderes electorales y judiciales, y acrecentar una capacidad de fiscalización independiente. Y tercero, en el campo económico social, dotar de atribuciones y recursos humanos de calidad al sector público para abordar nuevas políticas de inclusión y transformación productiva. Cumplir estas tareas exige formar dirigentes con conocimientos técnicos y habilidad política,
